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COMPARTIENDO # 1051 del 31 de octubre 2006 (actualizado al 4 nov)
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ESPECIAL SOBRE LAS ONG DE PERU Y EL INTENTO DE SILENCIARLAS
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Demuestran inconstitucionalidad de ley de la APCI
Lima, 04/11/2006 (CNR) – En conferencia de prensa, los representantes de diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) expusieron las razones por las cuales las modificaciones a la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) son inconstitucionales.
Como se recuerda, el pasado jueves el Pleno del Congreso aprobó la mencionada norma, que señala, entre otras cosas, que todas las ONGs deben inscribirse ante la APCI, organismo que determinará qué proyectos pueden ser ejecutados.
Según lo expuesto por el jurista Javier de Belaúnde, la norma tendría nueve violaciones constitucionales: a la libertad de asociación, de contratación, al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones, a la participación en la vida política, al derecho a la propiedad privada, al principio de proporcionalidad, al de subsidiariedad horizontal, al derecho a la igualdad y a los principios constitucionales del derecho sancionador.
La conferencia de prensa se realizó en la sede del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), cuyo presidente, Gustavo Mohme Seminario, se pronunció en contra de la eventual radicación del instrumento.
“Una voz silenciada, así no sea las de los medios, es una afrenta contra la libertad de expresión y en suma un atentado contra un principio que nosotros defendemos abierta y frontalmente”, declaró.
Por su parte, Javier de Belaúnde instó al Poder Ejecutivo a que observe la norma, porque de lo contrario, las ONGs se verán en la necesidad de acudir al Tribunal Constitucional (TC).
“Esperamos que (la ley) sea observada; sino el camino que quedaría sería recurrir al Tribunal Constitucional para que esta norma sea expulsada del sistema”, insistió.
Cabe señalar que las modificaciones a la Ley de Creación del APCI deberán someterse a una nueva votación en el Legislativo; de ser aprobadas correspondería al Ejecutivo ratificarlas u observarlas.
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Advierten similitud con políticas de Hugo Chávez
Ley de la APCI significa regreso del fujimorismo
Ley de la APCI significa regreso del fujimorismo
Lima, 04/11/2006 (CNR) – Las modificaciones hechas a la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) representan el retorno de Alberto Fujimori a las esferas del poder, alertó el periodista Gustavo Gorriti.
“En la práctica esto significa el retorno espiritual del fujimorismo al poder. ¿Vamos a pedirle permiso (al Estado) acaso para llevar a cabo investigaciones sobre cómo se maneja el medio ambiente, si las políticas de austeridad son reales o si hay robo de los recursos públicos?. Cuando un periodismo tiene que pasar por esa vía quiere decir que se vive bajo dictadura”, declaró.
Gorriti recordó que el propio presidente de la APCI, Agustín Haya de la Torre, luego de la reunión sostenida la semana pasada en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), reconoció que la norma en cuestión era innecesaria.
Así mismo, dijo que el premier Jorge Del Castillo habría admitido que la ley aprobada el último jueves por el Parlamento Nacional tiene visos de inconstitucionalidad.
Por su parte, el analista político Martín Tanaka manifestó que esta norma tiene similitud con una ley promovida por el presidente venezolano Hugo Chávez, lo cual no sería bien visto por los organismos cooperantes del extranjero.
“En la Venezuela de Chávez hay una iniciativa legislativa muy parecida a la que se está haciendo aquí por lo que cooperantes internacionales se han estado pronunciando con mucha preocupación”, refirió.
En su calidad de representante del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Tanaka precisó que la preocupación de las diversas ONGs no radica en la fiscalización del Ejecutivo sino en el hecho que la ley pone en riesgo libertades democráticas fundamentales.
“Basta con leer declaraciones del secretario general del partido de gobierno (Mauricio Mulder), del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores (Rolando Souza) y de otros políticos, para darse cuenta que lo que está juego es un intento de acallar, silenciar y amedrentar a instituciones que tienen todo el derecho de criticar al gobierno si así les parece”, finalizó.
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Carlos Basombrio
cbasombrio@peru21.com / 3 noviembre 2006
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Carlos Basombrio
cbasombrio@peru21.com / 3 noviembre 2006
¿Quién armoniza a los armonizadores?
Como era previsible, el Congreso ha aprobado la norma contra las ONG. Una gran victoria de los fujimoristas -cada vez más exultantes y ávidos de venganza- que solo se explica por la complicidad y entusiasta apoyo del Apra y Unidad Nacional. El abuso y la intolerancia nacen en el artículo 3, que dice que la "APCI tiene la responsabilidad de conducir, programar, organizar, armonizar (antes decía "priorizar", ¡vaya cambio!) y supervisar la cooperación internacional no reembolsable, independientemente de la naturaleza jurídica de la fuente cooperante, en función de la política nacional de desarrollo y el interés público".
Como era previsible, el Congreso ha aprobado la norma contra las ONG. Una gran victoria de los fujimoristas -cada vez más exultantes y ávidos de venganza- que solo se explica por la complicidad y entusiasta apoyo del Apra y Unidad Nacional. El abuso y la intolerancia nacen en el artículo 3, que dice que la "APCI tiene la responsabilidad de conducir, programar, organizar, armonizar (antes decía "priorizar", ¡vaya cambio!) y supervisar la cooperación internacional no reembolsable, independientemente de la naturaleza jurídica de la fuente cooperante, en función de la política nacional de desarrollo y el interés público".
Si las ONG no "armonizan", empieza la cadena de sanciones que puede terminar impidiendo su funcionamiento. Según el diccionario, armonizar "es hacer que no discuerden o se rechacen dos o más partes de un todo, o dos o más cosas que deben concurrir al mismo fin". ¿Quién decide cuál es el fin al que todos debemos concurrir? ¿Por qué lo que el gobierno define como "interés público" debe obligar a los que no son gobierno?
En democracia todos podemos pensar y actuar diferente; no existe la obligación de hacer armonía, menos aún aquella definida por un burócrata. Más bien, existe el derecho (¡y la necesidad!) de oír notas discordantes. Otro cantar es si los miembros de alguna ONG delinquen. Si hacen fraude o toman carreteras, pues para eso está el Código Penal y nada tiene allí que ver la APCI. Que haya parlamentarios impresentables, no justifica disolver, repito, disolver el Congreso.
Si un gobierno quiere aplicar la pena de muerte (con una causal nueva cada semana), ¿se vuelve la pena parte del interés público? ¿Qué pasa si una ONG quiere hacer una campaña en contra? La Iglesia se opone a la "píldora del día siguiente". Bien podría ocurrir que el próximo ministro de Salud decida que los obispos tienen razón. ¿Qué pasaría con las ONG que vayan contra una "política nacional de desarrollo" así concebida?
Y, así, las ONG promueven decenas de temas diferentes, e incluso contradictorios entre sí. Es que ONG hay de todos los colores, modelos y diseños. No vaya a ser que el próximo presidente sea Humala (como dice Cotler, al paso que vamos, ya no Ollanta sino Antauro) y el reemplazo de Haya de la Torre decida que las ONG pro mercado van en contra de "la política nacional de desarrollo". Al amparo de la ley de la APCI podrían argumentar, también, que el Instituto Trabajo y Familia, de Pilar Nores, o el Instituto del Empleo que dirige el secretario personal de Alan, no concuerdan con el "interés público". Con mayor razón estaría condenado a la guillotina administrativa el IPESM que preside Lourdes. (La verdad sea dicha, Flores se opuso, tímidamente, pero se opuso a la ley).
NOTA: Materia de una reflexión más amplia es el hecho de que tengamos pocos verdaderos liberales. La mayoría lo son y fanáticos, cuando de economía se trata; pero en los ámbitos de la política y la moral sueñan con que vuelva la Inquisición.
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¿QUECOS APRISTAS ?
Augusto Alvarez Rodrich
Peru.21 / 3 noviembre 2006
Augusto Alvarez Rodrich
Peru.21 / 3 noviembre 2006
¿A quién le teme el gobierno de Alan García?
La alianza implícita entre el Apra y el fujimorismo aprobó, junto con Unidad Nacional y otros parlamentarios, la ley de regulación de las ONG con un maquillaje leve en relación con su versión original que no cambia en modo alguno su espíritu intolerante y atentatorio contra derechos civiles como los de asociación y contratación, así como los de expresión.
Los argumentos en contra de esta ley ya han sido ofrecidos ampliamente durante los últimos días. La pregunta que subyace, sin embargo, es por qué un gobierno como el aprista toma una decisión que, absurdamente, lo distancia de un conjunto de sectores del país que venía observando con un optimismo relativo su actuación en el poder.
Dicha interrogante es más relevante aún si se tiene en cuenta que el gobierno aprista atraviesa por una situación política razonablemente cómoda, expresada en una aprobación elevada de la gestión presidencial y en la ausencia de una oposición articulada, la cual quedó descuajeringada después de la elección general.
Es decir, no hay moros en la costa. Por ahora. Nadie garantiza que las cosas vayan a continuar de ese modo durante el resto del gobierno actual. A pesar de que se prevé un crecimiento económico relevante durante el próximo año, las demandas sociales son antiguas y enormes y -ya se sabe- el poder desgasta.
Por ello, curándose en salud ante eventuales desventuras futuras, esta ley le permite al gobierno aprista hacerle ‘quecos’, por un lado, a partidos políticos que -como el fujimorismo y Unidad Nacional- suelen ver en las ONG a presuntos suplantadores de su papel.
Por el otro lado, los ‘quecos’ también se dirigen a la inversión privada, pues el mensaje que se lanza con esta ley es que el gobierno no entra en ‘tutías’ ni le van a entrar balas ante organizaciones que quieran ‘obstaculizar’ el desarrollo con ‘tonterías’ como el medio ambiente, los derechos humanos, la justicia honesta o la transparencia en el sector público.
Finalmente, está la soberbia presidencial, la cual no debe ser incomodada por las críticas de los ‘fracasados, tristes y derrotistas’.
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>La opinion del director / Peru.21
>Pacto infame ( a media voz) / 30 octubre 2006
>
>Augusto Alvarez Rodrich
>
>Más allá de la coincidencia sobre la ley de ONG.
>
>El proyecto de ley que modifica las capacidades de la Agencia
>Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para regular los
>organismos no gubernamentales (ONG) es un hecho muy peligroso para
>el libre ejercicio de las ideas en el país.
>
>Esto es así, pues abre la oportunidad para que el gobierno tenga la
>facultad insólita de decidir -a través de la APCI- qué proyectos de
>las ONG se aprueban y cuáles, interfiriendo de este modo en lo que
>constituye una obvia relación entre privados y en temas que le
>puedan ser incómodos al régimen de turno.
>
>El mal olor de esta norma que encierra el riesgo de promover la
>intolerancia y de restringir la posibilidad de discrepar es
>evidente, como también lo es el hecho de que aporta un indicio más
>sobre las sólidas y abundantes coincidencias entre el Apra y el
>fujimorismo.
>
>Que el partido de Alberto Fujimori promueva una ley de naturaleza
>autocrática se entiende perfectamente, pues es coherente con su
>manera de interpretar la actuación de un gobierno en el terreno de
>las libertades políticas, tal como lo demostró durante su paso por
>el poder durante los 90.
>
>Que, incluso, un sector de Unidad Nacional se sume con entusiasmo
>absurdo al respaldo de esta norma también podría ser entendible, si
>se considera la pérdida de rumbo de este sector político y la visión
>de varios de sus integrantes únicamente desde un punto de vista de
>la inversión privada en desmedro de las libertades políticas.
>
>La adhesión del Apra, en cambio, es más interesante desde un punto
>de vista político, pues revela una cercanía peligrosa al fujimorismo
>que no es reciente, ya que fue obvia durante la campaña electoral.
>Desde la incorporación de personas de pensamiento cercano a esta
>corriente -como los dos vicepresidentes- hasta la falta de una
>condena tajante al prófugo ex presidente por parte de Alan García.
>
>Aquí parece haber algo más que la búsqueda del respaldo de los votos
>fujimoristas en el Congreso. Peor aun, aquí parece haber una
>coincidencia de métodos. Es la permanente tentación totalitaria de
>una buena parte de nuestros políticos.
>
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>
>Editorial: Innecesaria camisa de fuerza para las ONG
>
>El Comercio, 29 octubre 2006
>
>
>No es la primera vez que las organizaciones no gubernamentales (ONG)
>pasan, entre otras cosas, de gestoras para la resolución de
>conflictos a protagonistas cuestionadas por los poderes del Estado.
>
>Lo grave de todo esto es que rápidamente se cae en ligeras y
>peligrosas generalizaciones, se ignora que la fiscalización que
>ahora se intenta imponer sobre ellas ya existe y se las quiere hacer
>pasar por un control gubernamental que, en el fondo, busca
>restringir y anular sus acciones, despojándolas, sobre todo, de
>libertad.
>
>No podemos tapar el sol con un dedo: con todas sus virtudes y
>defectos, estas organizaciones han cobrado un desempeño y
>protagonismo singular e importante en muchos ámbitos del país, ya
>sea para impulsar proyectos educativos, técnicos y de investigación
>y desarrollo; subsanar la ausencia y exclusión del Estado,
>principalmente en las zonas más pobres o allí donde la violencia del
>narcotráfico y del terrorismo aún genera estragos.
>
>Es más, ¿cómo olvidar la labor incansable en la defensa de la
>democracia del Instituto de Defensa Legal (IDL), Transparencia o del
>colectivo feminista durante los oscuros años de la dictadura
>fujimorista?
>
>Cuidado. Tengamos memoria y tomemos muy en cuenta estas premisas a
>la luz del poco meditado proyecto que el Legislativo acaba de
>aprobar, en una primera votación polarizada, para imponer
>verticalmente la inscripción obligatoria de las ONG en la Agencia
>Peruana de Cooperación Internacional (APCI), como condición sine qua
>non para su ejercicio privado.
>
>El proyecto, que introduce una serie de modificaciones a la Ley
>27692 que creó la APCI, también concede a esta entidad pública la
>facultad de "priorizar la ayuda internacional independientemente de
>la naturaleza jurídica de la fuente cooperante, en función de la
>política nacional de desarrollo y el interés público". ¿Esto
>significa que será el Gobierno quien decidirá qué proyectos se
>aprueban y qué proyectos se realizan?
>
>Sin duda, todos debemos rendir cuentas. Pero, en este caso, el
>control tiene que venir de una institución reguladora independiente
>y autónoma, y no de un brazo político del Gobierno de turno. Un
>organismo transparente, cuyos miembros provengan también de la
>sociedad civil, de una junta de notables, de los colegios
>profesionales.
>
>Lo que se necesita es orden, pero con transparencia y con garantías
>de que los controles no impondrán camisas de fuerza a nadie para
>neutralizar su labor , libertad e independencia.
>
>Tal vez se podrían mejorar los canales de fiscalización interna y
>externa que ya existen (de otra manera, ninguna ONG recibiría los
>fondos de la cooperación internacional que percibe). Lo que el
>Gobierno no puede hacer es funcionar al ritmo de la coyuntura o de
>intereses particulares que han puesto la mira en estas
>organizaciones.
>
>Lo que preocupa aquí es pues el telón de fondo, del fujimorismo
>principalmente, que con el apoyo del Apra, Unidad Nacional y UPP/PNP
>han aprobado una norma bajo consideraciones endebles, autoritarias y
>restrictivas. Si no veamos algunas perlas de la exposición de
>motivos de la Comisión de Relaciones Exteriores que preside el
>congresista fujimorista Rolando Sousa:
>
>Las ONG han ejecutado en el 2004 "más del 50% del monto total de la
>cooperación internacional", mientras que el Estado Peruano gestionó
>ese mismo año solo el 46%. ¿Tienen la culpa de eso las ONG? Es más,
>la comisión dice que de los 390 millones de dólares que ingresaron
>al Perú en el 2004, "solo se destinaron 13,7 millones a la educación
>() y apenas un millón para mejorar la salud materna". En cambio, la
>sostenibilidad del medio ambiente recibió 55,7 millones. ¿Y qué hace
>el Estado, responsable de garantizar la salud de la población? Ahora
>sabemos por qué las políticas de medio ambiente no avanzan.
>
>El Legislativo no puede ceder a este tipo de fundamentaciones, ni el
>Ejecutivo –que también envió sus aportes a la ley– pisar el palito
>de quienes buscan debilitar las entidades que han aportado al país,
>que fiscalizan al Estado y denuncian abusos contra los derechos
>humanos, la impunidad y la exclusión social. El presidente del
>Consejo de Ministros debería preguntarse quién está detrás de todo
>esto, quiénes son sus autores intelectuales y quiénes sus caras
>visibles.
>
>
>******************************************************************************
>
>Anti-ONGs: La ultraderecha al timón
>La Republica, 29 octubre 2006
>
>Mirko Lauer.
>
>El gobierno está a punto de abrirse un frente de tormenta que va más
>allá de las ONGs locales y llega hasta el sistema de la cooperación
>internacional. La idea de retirarles los consejeros a las
>comunidades que protestan por temas como medio ambiente o derechos
>humanos parece eficaz a primera vista. Pero les está abriendo la
>puerta a problemas mayores que la asesoría.
>
>Para una parte importante de los financiadores de fuera podría estar
>naciendo una nueva causa unificadora. En la cultura política del
>primer mundo ajustarles las clavijas a las ONGs invariablemente es
>el inicio de la mano dura contra las comunidades asesoradas. Sobre
>todo cuando estas busquen consejo estratégico en espacio menos
>institucionales que las ya bastante fiscalizadas ONGs.
>
>Es evidente que los ingenieros sociales de la iniciativa han
>confundido la protesta con la asesoría a la protesta (además, las
>ONGs que asesoran movimientos sociales son una porción ínfima), con
>lo cual pisan el palito que se han colocado ellos mismos. El
>siguiente paso tendrá que ser controlar las comunicaciones, locales
>y de exterior, de las comunidades con reclamos que hacer.
>
>Para la derecha más sincera este es el camino correcto. Es la
>represión que sus medios reclamaron cuando empezaron los problemas
>en Cajamarca, en agosto. Solo que ahora por otros medios, desde otro
>ángulo. Para el fujimorismo que identifica al mundo académico con el
>movimiento que lo desenmascaró y expulsó en el 2000, esta es una
>gran victoria. También para el PPC se trata de un gran avance
>táctico.
>
>En esta votación del Proyecto de Ley 27692 es la primera vez que
>aprismo, fujimorismo y pepecismo aparecen tan nítidamente unidos. En
>la medida que lleva la carga práctica de la mediación entre la gran
>empresa y sus descontentos en todo el territorio el gobierno aprista
>es quien tiene más que perder si el proyecto prospera. Sobre todo si
>nuevos grupos políticos ocupan los espacios de las ONGs.
>
>Las organizaciones políticas contestatarias ya están allí, con
>agendas propias perfectamente conocidas. A diferencia de la
>cooperación internacional, son iniciativas claramente instaladas en
>la informalidad. En lugar de cuidar el enorme capital humano local y
>de fuera que son las ONGs, el gobierno está colocando una
>innecesaria piedra en el zapato de sus ambiciosos proyectos de ayuda
>social.
>
>La prédica de la derecha puede producir un simulacro de tranquilidad
>política al gobierno, en cuanto acatarla evita mayores ataques desde
>los medios que ella controla. Pero aceptar esa asesoría equivale al
>antiecológico pacto del Dr. Fausto. Esperemos que el partido de los
>trabajadores manuales e intelectuales reconsidere esta iniciativa,
>que no podemos reconocer como suya por ningún lado.
>
>*****************************************************************
>
>Carlos Basombrio. Peru 21, 29 de octubre 2006
>cbasombrio@peru21.com
>
>¡Bien hecho por criticones!
>
>¿En qué gobierno considera usted que hubo más corrupción? Un
>contundente 54% dice que en el de Fujimori, un 23% en el primero de
>García y un 16% en el de Toledo. Da cierta tranquilidad saber que la
>campaña para equiparar los vestidos de Karp con los videos de
>Montesinos y los viajes de Toledo en el "parrandero" con la fuga de
>Fujimori al Japón no haya logrado sus objetivos.
>
>Este dato aparece en la Cuarta Encuesta Nacional sobre Corrupción en
>el Perú, encargada a Apoyo por el Consorcio para la Ética Pública,
>Proética. También: ¿cuál le parece el principal problema que
>enfrenta el Estado y que le impide lograr el desarrollo del país?
>49%, la corrupción de funcionarios y autoridades. ¿Cuáles son las
>instituciones en las que más confía para luchar contra la
>corrupción? La respuesta ganadora es tan previsible como desoladora:
>Ninguna, 39%.
>
>A la luz de esta encuesta cabe reiterar la preocupación por el
>desinterés de este gobierno en la lucha anticorrupción. En
>particular, por las reiteradas denuncias de que mantiene un pacto
>con el fujimorismo, que incluiría hacer lo menos posible para
>extraditar al dictador de Chile. Esta encuesta constituye un aporte
>muy importante de Proética y refuerza el llamado de atención al
>Gobierno sobre la necesidad de enmendar rumbos.
>
>A estas alturas debo confesar que Proética es una ONG. (Digo la mala
>palabra bajito, casi susurrando, ¡no los vayan a meter presos!). Sí,
>es una O-N-G, una de esas peligrosas instituciones a las que el
>Congreso ha puesto por fin en su sitio, con la nueva ley aprobada a
>iniciativa del congresista Souza. (¿Quién más indicado que el ex
>abogado de Fujimori para exigir moralidad y transparencia?).
>
>Ahora las ONG tienen que demostrar, ante un funcionario del gobierno
>al que fiscaliza, que hicieron debido uso de los fondos privados con
>los que trabajan. Insisto, fondos privados donados a una institución
>privada. (Si el argumento es que hacen cosas de interés público y
>por eso el Gobierno tiene derecho a controlarlas, pues lo mismo vale
>para los medios de comunicación.) De hecho, los registros para las
>ONG ya existen. Son obligatorios, además, para las que quieren
>trabajar con fondos que tengan cualquier relación con el Estado. Más
>aun, la gran mayoría de las que le sacan roncha a los fujimoristas
>por su independencia crítica ya están registradas en APCI.
>
>Con la nueva ley es obligatorio siempre. Entonces si el burócrata a
>cargo -0 más probablemente su jefe o el jefe de su jefe- le tiene
>hambre a una ONG, pues basta con pasar para abajo el expediente y
>hacerla larga con el registro. Si aún así se pone sabrosa, se le
>manda su inspector. (Ya a varias les están haciendo visitas y a
>muchas les han enviado cartas para que digan a quién contratan y
>cuánto pagan.) Si aún así persisten con sus majaderías, se les clava
>una multa de hasta 170,000 soles. Si con eso no les basta, pues se
>les quita su inscripción "por no cumplir con las obligaciones que la
>ley establece".
>
>Finalmente -para los incorregibles- está el inciso que impide a los
>directivos trabajar en cinco años en ninguna otra ONG. ¿Y quién
>decide si una ONG cumple o no cumple o qué sanciones aplicar? Pues
>APCI. ¿Y de quién depende el puesto de los directivos de APCI?
>
>¿Observará la ley García? ¡No lo haga! Perdería la oportunidad de
>alcanzar a países que ya tienen estas normas para tranquilidad de
>sus pueblos. Más bien, andamos un poco retrasados. Ya nos ganaron la
>mano Chávez y Putin, como se sabe gobernantes apasionados con la
>democracia y las libertades. Una idea: se les podría pedir
>"cooperación técnica" para el reglamento. (A través de APCI, por
>supuesto.) Es cierto que venir de Rusia sale caro y se necesita
>traductor. Pero de Venezuela sería más fácil y se vería como un
>gesto de hermandad bolivariana para recomponer las relaciones.
>
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>
>APCI-ONG: La suma de las vendettas
>Humberto Campodónico. La Republica, 29 octubre 2006
>
>El proyecto que modifica la ley de la APCI votada por los
>fujimoristas, el APRA y Unidad Nacional no tiene como objetivo
>modernizarla y hacerla más eficiente para promover el buen manejo,
>con otros organismos del Estado, de los fondos de la cooperación
>internacional que provienen, sobre todo, de EEUU y de países
>europeos, así como de préstamos de la banca multilateral.
>
>Esto se demuestra con el mal manejo de varios programas,
>principalmente AGORAH (en Ayacucho y Huancavelica) y Aprolab (para
>la formación profesional en zonas rurales de La Libertad, Cajamarca,
>Ica y Ayacucho), ambos con la Unión Europea. Lo mismo sucede con el
>préstamo del BID para la reforma del Estado y apoyo a la
>descentralización vía la capacitación de gobiernos locales: 2 años
>después, el CND apenas si ha gastado el 16% de los fondos.
>
>A pesar de que no puede ejecutar ni gestionar de manera eficiente la
>cooperación que llega al Estado, la Ley interviene los fondos de la
>cooperación internacional privada (ojo) que se otorga a las ONG. Su
>objetivo no es “fomentar la transparencia” de las ONG como dicen los
>fujimoristas (cosa que parecen haberse creído algunos ministros),
>sino estatizar los fondos de la cooperación privada y disciplinar a
>las ONG.
>
>El proyecto de Ley dice en el Art. 3 que “es responsabilidad de la
>APCI priorizar la ayuda internacional independientemente de la
>naturaleza jurídica de la fuente cooperante”. O sea que no solo se
>quiere controlar a la ONG en el Perú, sino también a la fuente
>externa. ¿Para qué? Para que dicha ayuda se otorgue “en función de
>la “política nacional de desarrollo” (Art. 3). Política que, todos
>sabemos, no existe.
>
>El Art. 3 continúa: “La ayuda se otorga en función del interés
>público”. ¿Quién lo determina? La APCI, o sea el gobierno. Por eso,
>en el Art. 5 se dice que “cada uno de los programas, proyectos o
>actividades que se ejecuten con recursos de cooperación
>internacional, deben inscribirse en el Registro de Proyectos de la
>APCI”. Si no cumplen con el “interés público”, entonces la APCI
>puede eliminarlos.
>
>Ese es el verdadero objetivo: sacar del camino a las ONG que
>“incomodan” a los grupos de poder económico y político. Por tanto,
>la ley tiene nombre propio: son las empresas mineras y petroleras,
>que desean explotar los recursos naturales allí donde les de la
>gana, sin respetar los derechos de las comunidades de la zona ni el
>medio ambiente, que son defendidos por ONGs. Allí tenemos Cerro
>Quilish, Combayo, Majaz, Tintaya, Las Bambas, Cerro Verde, el
>gasoducto de Camisea y el conflicto con los achuares.
>
>También están los acusados por violación de derechos humanos: Luis
>Giampietri, primer vicepresidente, a los que se suma el propio Alan
>García y Alberto Fujimori. Aquí se trata de silenciar a las ONG
>defensoras de los derechos humanos, comenzando por Aprodeh y la
>Coordinadora de Derechos Humanos.
>
>Está también Eduardo Palacios, vocal de la Corte Suprema, atrapado
>in fraganti recibiendo coimas. A la Corte Suprema y a buena parte
>del Poder Judicial les molesta que el Instituto de Defensa Legal y
>otras ONG les exijan transparencia, lo que comienza por el
>cumplimiento del informe de la CERIAJUS y acabar con la corrupción.
>
>El proyecto de ley es la suma de varias vendettas de estos grupos de
>poder contra las ONG. Para lograrlo, el APRA y Unidad Nacional (que
>defiende a los grupos de poder económico) no han vacilado en
>subirse, de segundones, al vagón del fujimorismo ladrón y corrupto.
>Por ello, las fuentes de cooperación internacional le han perdido la
>confianza, así como la opinión pública. Sorprende que el APRA haya
>decidido dilapidar, de forma tan tonta y rápida, el capital político
>que tanto le costó recuperar.
>
>****************************************************************************
>
>La Opinion del Director Peru .21 / 27 octubre 2006
>Augusto Alvarez Rodrich
>
>Se les vio el fustan
>Dándole forma jurídica y garras a la intolerancia.
>
>¿En qué se parecen los presidentes del Perú, Venezuela, Cuba y
>Rusia? En que Alan García, Hugo Chávez, Fidel Castro y Vladímir
>Putín andan persiguiendo a los organismos no gubernamentales (ONG)
>que le son incómodos.
>
>Esa es, al menos, la pésima impresión que ha dejado la aprobación
>-en primera votación en el Congreso- del proyecto que faculta al
>gobierno a ‘regular’ a las ONG a través de la APCI.
>
>La justificación aparente del dictamen por el que votaron las
>bancadas del Apra, del fujimorismo y de Unidad Nacional es buscar
>una transparencia de estas organizaciones, lo que no estaría mal.
>
>El problema es que dicha transparencia ya existe, principalmente a
>través de las entidades donantes. Lo que en verdad permitirá esta
>ley es darle al gobierno la capacidad de intervenir e interferir en
>las actividades de asociaciones libres formadas para promover
>objetivos que, en algunos casos, pueden ser contradictorios con las
>políticas que aplica el régimen de turno.
>
>Esta norma consagra la intolerancia, dándole forma jurídica y las
>garras legales al gobierno para ‘defenderse’ de organizaciones que
>puedan plantear objeciones en ámbitos como los derechos humanos, la
>corrupción, la transparencia en el sector público o el medio
>ambiente.
>
>Se trata de una ley que tiene todo el sabor fujimorista en el
>sentido de que se lanza con el camuflaje de un objetivo loable pero
>que, en realidad, tiene un fin deplorable. No por gusto partió de
>una iniciativa de la Comisión de Relaciones Exteriores que está
>presidida por el abogado -hasta hace poco en las cortes, hoy en el
>Congreso- de Alberto Fujimori.
>
>Es, además, la cereza en el pastel de toda una campaña orquestada
>desde el inicio del gobierno actual por una serie de políticos que
>le tiene ojeriza a las ONG por motivos diferentes, pero coincidentes
>con la voluntad de acallar voces que les puedan ser críticas.
>
>El presidente García y el Apra tienen la oportunidad el próximo
>jueves, cuando el dictamen se vote por segunda vez en el Congreso,
>de limpiarse de una decisión que ha permitido verles un peligroso
>fustán fujimorista.
>
>**************************************************************
>
>Jorge Bruce, Peru 21, 29 octubre 2006
>Pactar es pactar
>
>Uno de los recuerdos más estimulantes de mi infancia es el de unas
>reuniones en casa de mis abuelos, a las que acudía un grupo de
>personas extraordinario por la calidad de sus conversaciones, la
>intensidad de sus intercambios y un humor corrosivo que, con mucha
>frecuencia, desembocaba en alegres o feroces carcajadas. Los nombres
>de esas personas, a las que mi abuelo invitaba y a quienes a veces
>yo acompañaba a visitar, eran: Luis Alberto Sánchez, Andrés
>Townsend, Ramiro Prialé, Manuel Vásquez Días, Armando Villanueva y
>otros más que he olvidado.
>
>Quien más frecuentaba la casa era Sánchez, casi ciego y con unos
>lentes inmensos, acompañado de su esposa, Rosa. Los más memoriosos o
>mayores habrán reconocido a la plana mayor del Apra de entonces.
>Alguna vez, incluso, me di con un señor voluminoso que dormía la
>siesta en mi cama. Cuando le pregunté a mi abuela por qué estaba
>ahí, me respondió con un gesto que me callara y me susurró: "No
>hagas bulla, es Víctor Raúl". Un privilegio, me decían sus ojos.
>
>En casa de mis abuelos se decía "el Partido" con veneración
>religiosa. Cuando murió mi abuela, el consuelo más importante que
>recibió mi abuelo, en su desolación, fue el homenaje del Partido,
>con mayúscula. De modo que para mí, durante buena parte de mi
>infancia y adolescencia, el Apra era El Partido. Sus dirigentes eran
>a la vez unas personas admiradas y cercanas. No eran perfectos,
>claro está, pero encarnaban un ideal. Fui muy afortunado de poder
>participar en esos encuentros apasionados, en los que la política se
>vivía en carne propia.
>
>Pero las historias que más me impresionaban eran las de
>persecuciones y encierros: varios de ellos, incluido mi abuelo,
>fueron a la cárcel. Fueron perseguidos por gobiernos hostiles e
>intolerantes que intentaban silenciarlos encerrándolos,
>amenazándolos. Ellos lo consideraban un honor y lo contaban con
>orgullo. Yo pedía que me repitieran esas historias, incansablemente,
>como hacen los niños. Esa actitud de estar dispuesto a sufrir por
>una idea, unos compañeros, un partido, un país, fue una enseñanza
>que me marcó a fuego. Aquello en lo que uno creía era más valioso
>que aquello que uno tenía.
>
>Por eso, cuando veo en lo que se ha convertido el Apra que hoy se
>encuentra en el poder, a pesar de que este proceso ya tiene años,
>sigo sintiendo un gran desconcierto y una invencible nostalgia.
>¿Cuándo se jodió el Apra? ¿Cuándo pasaron de perseguidos a
>perseguidores? ¿Cómo es posible que una de sus primeras leyes
>importantes sea someter a las ONG críticas? ¿Por qué no se
>solidarizan con las víctimas de la violencia política, que son los
>más pobres y desprotegidos del Perú? ¿Es cierto que piensan
>restablecer la pena de muerte? Las respuestas son obvias y la verdad
>inocultable.
>
>Los partidos políticos envejecen y, si no se renuevan o refundan,
>manteniéndose fieles a sus principios, mueren. Si no son capaces de
>engendrar dirigentes que estén a la altura de su historia, mueren.
>Si traicionan su esencia y se acostumbran a mentir y tergiversar con
>tal de conservar el poder, mueren. Si se corrompen y delinquen,
>justificándose y racionalizando, mueren. Si se alían con lo más
>siniestro del espectro político, entonces debemos parafrasear a
>Ramiro Prialé.
>
>Prialé era un político agudísimo, al que todos respetaban. Fue el
>autor de la célebre frase "conversar no es pactar", una especie de
>condensado de realpolitik. Tenía razón, por supuesto. No obstante,
>si viera lo que está ocurriendo estos días en el Congreso, donde los
>representantes apristas se confabulan con los fujimoristas para
>promulgar leyes destinadas a sojuzgar a la única oposición real, es
>decir la sociedad civil, intuyo que estaría de acuerdo en admitir
>que pactar es pactar. Y probablemente sentiría vergüenza.
>
>*****************************************************************************
>
>Santiago Pedraglio, Peru 21, 29 octubre 2006
>spedraglio@peri21.xom
>
>La tentación del autoritarismo
>
>La decisión mayoritaria del Congreso de sujetar a las organizaciones
>no gubernamentales (ONG) a las prioridades que el Gobierno implante
>y al concepto de ‘interés público’ que este defina es una
>intromisión en acuerdos que se pactan entre privados.
>
>Esta es la primera manifestación de que el Gobierno no quiere
>oposición. De hecho, Alan García navega ya sin oposición política y
>solo tiene que enfrentar las protestas sociales. Pero quiere más:
>acabar con incómodas organizaciones no gubernamentales cuya labor
>considera peliaguda, bajo amenaza de sanción.
>
>Las áreas de trabajo de las ONG que más preocupan a los aliados
>políticos hoy unidos en su afán persecutorio -Apra, fujimoristas y
>un sector de Unidad Nacional-, son el medio ambiente y los derechos
>humanos. Para el gobierno aprista lo es más, seguramente, el medio
>ambiente. Quiere hacer un guiño a los capitales mineros, desde hace
>tiempo fastidiados porque al lado de las movilizaciones ciudadanas
>ligadas al cuidado del medio ambiente muchas veces hay un cura y una
>organización no gubernamental. Para los fujimoristas, en cambio, el
>cuco son las ONG que trabajan por la defensa de los derechos
>humanos. Su afán de silenciarlas es por demás evidente, en
>particular espoleados por la situación de su jefe político, acusado
>por delitos de lesa humanidad. Lo que se ha producido en el Congreso
>es, pues, una conjunción de intereses articulada por una voluntad
>autoritaria.
>
>Las organizaciones no gubernamentales obedecen a todos los controles
>dispuestos por la ley y por sus respectivos convenios privados con
>las agencias cooperantes, pues es elemental que deben obligarse a
>evitar el uso indebido de los fondos, entre otros compromisos
>naturales. Este control lo ejecutan organismos públicos como el
>Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Trabajo, la Sunat y la
>Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI); además, están
>sometidas a auditorías dispuestas por las instituciones donantes.
>
>La transparencia en el uso de los fondos debe ser, sin duda, un
>principio a respetar por todas las ONG. Por otro lado, sería tan
>necio afirmar que todas las ONG son buenas, como que todas las
>grandes inversiones son malas. Pero algo más: ¿por qué para el
>Gobierno los recursos provenientes de la cooperación internacional
>son peligrosos y fuente de desconfianza, mientras que los recursos
>extranjeros para la inversión son beneficiosos y, por lo tanto,
>bienvenidos? La esquizofrenia es preocupante, más aun sabiendo que
>de los 500 millones de dólares anuales por concepto de cooperación
>internacional el 80% va a instituciones y programas estatales. Y
>aquí un paréntesis histórico: el crecimiento explosivo del número de
>ONG se produjo en pleno gobierno de Alberto Fujimori, cuando este
>alentó la tercerización de los programas sociales de alivio a la
>pobreza.
>
>Pero el problema de fondo -al margen de opiniones y datos puntuales-
>es que la medida aprobada en el Congreso, con votos apristas y de
>fujimoristas, atenta contra los derechos civiles, contra la libertad
>de asociación y de contratación, y contra la libertad de actuación y
>opinión que, de acuerdo con la ley, tienen las personas y las
>instituciones de la sociedad civil. Asunto alarmante: si ahora el
>Gobierno actúa así, ¿cómo lo hará el día que deba enfrentar
>situaciones de crisis?
>
>******************************************************************************
>
>Fernando Rospiglioso, Peru21, 29 0ctubre 2006
>frospiglioso@peru21.com
>
>Zigzagueando
>
>El Gobierno sigue una trayectoria zigzagueante. Por un lado, mejora
>las relaciones con Chile, pero, por otro, ataca a las organizaciones
>no gubernamentales.
>
>Esta semana ha mostrado un gobierno contradictorio, adoptando
>políticas adecuadas y maduras, de un lado, y torpes y retrógradas,
>de otro.
>
>La mejora de relaciones con Chile está entre las cosas positivas que
>viene haciendo el Gobierno, corrigiendo los errores de la anterior
>administración. El viaje de los ministros de Relaciones Exteriores y
>Defensa, para reanudar las reuniones del 2+2 abandonadas por el
>gobierno de Alejandro Toledo, muestra la voluntad política de seguir
>mejorando las relaciones con el vecino del sur.
>
>El viaje simultáneo de otros cinco ministros a Santiago indica que
>los lazos que se quieren fortalecer no son solo diplomáticos y
>militares. El gobierno ha captado la importancia de abrir el abanico
>de las relaciones, sin limitarlas a un par de temas.
>
>Sin renunciar a la posición peruana sobre los límites marítimos, el
>canciller José García Belaunde no lo usó como un pretexto para
>obstaculizar la discusión de temas constructivos.
>
>Este acercamiento a Chile es necesario no solo porque conviene a los
>intereses peruanos acercarse a un vecino próspero y en desarrollo,
>en lugar de propiciar un enfrentamiento estéril y perjudicial, sino
>porque en el choque con Hugo Chávez y el deterioro de las relaciones
>con Evo Morales, Alan García requiere de aliados en la región.
>
>SEMBRANDO. La rápida reacción del presidente García al reconocer a
>un hijo fuera del matrimonio ha sido comparada de inmediato con el
>largo y desgastante proceso que siguió Toledo para reconocer a su
>hija Zaraí. Sin duda, García ha querido marcar también en este tema
>una diferencia.
>
>Aunque se trata de temas privados, de hecho tienen trascendencia
>política, como lo comprobó Toledo, que cambió de actitud solo cuando
>vio que ese asunto lo estaba trayendo abajo en las encuestas.
>
>Sin embargo, aunque García actuó velozmente, lo hizo también
>presionado por los medios de comunicación. Primero fue César
>Hildebrandt, quien el viernes 20 puso en blanco y negro los datos
>básicos de la madre y del niño. Hasta el domingo la repercusión fue
>solo en medios escritos, que en el Perú leen pocos. Pero el domingo
>22 Jaime Bayly lo puso en la TV ante millones de personas.
>
>Al día siguiente García admitió la veracidad de esa versión. De esa
>manera trató de liquidar el tema y evitar que se convirtiera en un
>problema político. De hecho, logró su objetivo, por lo menos en el
>corto plazo. No obstante, algunas precisiones innecesarias que hizo
>en el discurso le podrían traer complicaciones en el futuro.
>
>CONFLICTOS DISTINTOS. La solución de la toma de las instalaciones de
>Pluspetrol, en Loreto, fue también un punto a favor del Gobierno y
>en especial del premier Jorge del Castillo. A diferencia de otros
>conflictos sociales, como los de Combayo (Cajamarca) y Sion (San
>Martín), en este caso el Gobierno hizo bien en actuar con prudencia
>y paciencia.
>
>Con los achuares, se trata de nativos realmente perjudicados por una
>contaminación de décadas (a diferencia de los cocaleros ilegales de
>Sion que son causantes de la contaminación, al verter a los ríos los
>productos químicos que usan para fabricar pasta básica de cocaína).
>
>La intervención de la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, a
>solicitud de Del Castillo, fue muy importante en la solución
>pacífica del problema. Y reveló que las grietas en el Gobierno se
>siguen ensanchando. Los desaforados ataques de Mauricio Mulder a
>Merino muestran que hay no sólo peleas personales por cuotas de
>poder, sino también políticas distintas en juego.
>
>En otro caso, el Gobierno ha vuelto a recaer en la debilidad
>mostrada en meses pasados. El bloqueo de carreteras en Hualgayoc,
>que han motivado la paralización de las obras de la minera Gold
>Fields, no tiene justificación alguna. En este caso, el Gobierno
>sigue yendo a contracorriente de su anunciado propósito de conseguir
>diez mil millones de dólares de inversiones en el sector en los
>próximos cinco años. A este paso, no obtendrá ni una fracción de esa
>suma.
>
>ALIANZA CON FUJIMORISMO. Hizo bien el premier Del Castillo en
>sostener el nombramiento de Sofía Macher al frente de la Comisión de
>Reparaciones, en la Presidencia del Consejo de Ministros. En este
>caso tuvo que soportar los ataques del fujimorismo, de aquellos
>comprometidos con las violaciones de los derechos humanos, de un
>importante sector del Gobierno y de todos los retrógrados del Perú.
>
>Sin embargo, en el ataque a las organizaciones no gubernamentales
>(ONGs), pareciera que todos en el Gobierno han coincidido. En este
>caso se trata de una inaceptable intervención gubernamental en la
>esfera privada, en instituciones de la sociedad civil que, como su
>nombre lo indica, se definen precisamente por no estar sometidas al
>control del Estado.
>
>El pedir transparencia en el uso de fondos de las ONG es solo un
>pretexto ridículo. Las ONG tienen que rendir cuentas a quienes les
>donan los fondos, no al Estado. El pretender que el Gobierno
>determine el uso de los recursos de la ONG es otro despropósito. El
>Gobierno puede y debe priorizar los recursos del presupuesto
>público, pero no puede determinar en qué invierte su dinero la
>cooperación internacional.
>
>El que los integrantes de las ONG se enriquecen con el dinero de las
>donaciones es otra necedad que no resiste el menor análisis. Por
>último, como en todo, hay ONG buenas, regulares y malas, algunas
>respetadas y otras desprestigiadas.
>
>Pero la intención controlista, autoritaria y corrupta detrás de la
>campaña y de la ley aprobada en el Congreso es muy clara. A los que
>quieren controlar y suprimir ONG no les interesa que haya
>instituciones que defienden los derechos humanos, como IDL o
>Aprodeh; que vigilan los procesos electorales, como Transparencia;
>que cuidan la moral pública, como Proética; que defienden los
>derechos de las mujeres, como Flora Tristán y Manuela Ramos, y otras
>muchas.
>
>El jefe de la APCI, Agustín Haya de la Torre, ha apoyado el proyecto
>de ley. Él había sido miembro del Foro Democrático, ONG que jugó un
>papel importante en la lucha contra el gobierno de Vladimiro
>Montesinos y Alberto Fujimori. El Foro recibió financiación, entre
>otros, del Instituto Republicano, vinculado a ese partido político
>norteamericano. ¡Y ahora hay gente en el Gobierno que se horroriza
>hipócritamente por la injerencia "política" en las ONG!
>
>En suma, el Gobierno sigue en una trayectoria zigzagueante que puede
>socavarle credibilidad en algunos sectores claves, que luego se
>expresarán en críticas sostenidas y pérdida de popularidad.
>
>
>****************************************************************************
>
>Nelson Manrique / Peru.21
>
>Amores perros
>
>La línea del gobierno de Alan García empieza a preocupar hasta a sus
>más bien intencionados defensores. Ha provocado alarma la aprobación
>en el Parlamento, en una primera votación, de un proyecto de ley que
>pretende dar al gobierno la potestad de controlar a las
>organizaciones no gubernamentales (ONG) sacándose de encima la
>fiscalización de organizaciones de la sociedad civil en temas
>sensibles, como la defensa del medio ambiente y los derechos
>humanos. "En esta votación del Proyecto de Ley 27692 -dice Mirko
>Lauer, a quien nadie podría acusar de antiaprista- es la primera vez
>que aprismo, fujimorismo y pepecismo aparecen tan nítidamente
>unidos".
>
>La alianza del Apra con la derecha se basa en el interés común de
>impedir que se fiscalice a las empresas mineras, cuando varias de
>ellas enfrentan un creciente descontento por la forma como depredan
>el medio ambiente.
>
>La alianza entre el Apra y el fujimorismo busca garantizar la
>impunidad en los temas de corrupción y de violación de los derechos
>humanos y no ha empezado con la ley anti-ONG. Ella fue consagrada,
>en las elecciones, con la incorporación del contralmirante Luis
>Giampietri, del partido de Álex Kouri, a la candidatura aprista para
>la vicepresidencia de la República. Una vez en el poder la alianza
>se ratificó con el apoyo del Apra a la elección de María Luisa
>Cuculiza, para la Mesa Directiva del Congreso, y a la de Rolando
>Souza -nada menos que el abogado defensor de Alberto Fujimori- para
>la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, que debe
>supervisar el proceso de extradición de aquel a quien Souza ha
>defendido contra el Estado peruano. A esto hay que añadir la
>reactivación de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Chile, cuya
>presidencia se encargó adivinen a quién: Keiko Fujimori, la hija del
>reo sobre cuya extradición debe pronunciarse la justicia chilena.
>
>Debe sumarse a esta ya algo larga relación de públicas declaraciones
>de amor del Apra hacia el fujimorismo el desmantelamiento de la
>procuraduría encargada de la extradición de Fujimori, y su encargo a
>un jurista que ha tenido la sinceridad de confesar que conoce sobre
>el caso solo lo que publica la prensa. Como era de esperarse, el
>Gobierno ha dejado de dirigirse a los gobiernos amigos para
>solicitar su apoyo para lograr la extradición del acusado, y de
>pronunciarse en cualquier instancia sobre el tema, "para no
>politizar el caso", argumento que aparentemente no vale cuando los
>voceros gubernamentales se despachan contra Alejando Toledo.
>
>La ley anti-ONG no es, pues, un desconcertante exabrupto. Puede
>adivinarse que será seguida por una nueva ofensiva del Apra, la
>derecha y los fujimoristas, contra la sala penal antiterrorista que
>preside Pablo Talavera, que debe enjuiciar a los militares acusados
>de violaciones de los derechos humanos durante los gobiernos de Alan
>García y Fujimori.
>
>Este no es un romance de ocasión. Al contrario, es sólido, porque se
>basa en poderosos intereses compartidos.
>
>*****************************************************************************
>
>Pacto infame ( a media voz) / 30 octubre 2006
>
>Augusto Alvarez Rodrich
>
>Más allá de la coincidencia sobre la ley de ONG.
>
>El proyecto de ley que modifica las capacidades de la Agencia
>Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para regular los
>organismos no gubernamentales (ONG) es un hecho muy peligroso para
>el libre ejercicio de las ideas en el país.
>
>Esto es así, pues abre la oportunidad para que el gobierno tenga la
>facultad insólita de decidir -a través de la APCI- qué proyectos de
>las ONG se aprueban y cuáles, interfiriendo de este modo en lo que
>constituye una obvia relación entre privados y en temas que le
>puedan ser incómodos al régimen de turno.
>
>El mal olor de esta norma que encierra el riesgo de promover la
>intolerancia y de restringir la posibilidad de discrepar es
>evidente, como también lo es el hecho de que aporta un indicio más
>sobre las sólidas y abundantes coincidencias entre el Apra y el
>fujimorismo.
>
>Que el partido de Alberto Fujimori promueva una ley de naturaleza
>autocrática se entiende perfectamente, pues es coherente con su
>manera de interpretar la actuación de un gobierno en el terreno de
>las libertades políticas, tal como lo demostró durante su paso por
>el poder durante los 90.
>
>Que, incluso, un sector de Unidad Nacional se sume con entusiasmo
>absurdo al respaldo de esta norma también podría ser entendible, si
>se considera la pérdida de rumbo de este sector político y la visión
>de varios de sus integrantes únicamente desde un punto de vista de
>la inversión privada en desmedro de las libertades políticas.
>
>La adhesión del Apra, en cambio, es más interesante desde un punto
>de vista político, pues revela una cercanía peligrosa al fujimorismo
>que no es reciente, ya que fue obvia durante la campaña electoral.
>Desde la incorporación de personas de pensamiento cercano a esta
>corriente -como los dos vicepresidentes- hasta la falta de una
>condena tajante al prófugo ex presidente por parte de Alan García.
>
>Aquí parece haber algo más que la búsqueda del respaldo de los votos
>fujimoristas en el Congreso. Peor aun, aquí parece haber una
>coincidencia de métodos. Es la permanente tentación totalitaria de
>una buena parte de nuestros políticos.
>
>******************************************************************************
>
>Editorial: Innecesaria camisa de fuerza para las ONG
>
>El Comercio, 29 octubre 2006
>
>
>No es la primera vez que las organizaciones no gubernamentales (ONG)
>pasan, entre otras cosas, de gestoras para la resolución de
>conflictos a protagonistas cuestionadas por los poderes del Estado.
>
>Lo grave de todo esto es que rápidamente se cae en ligeras y
>peligrosas generalizaciones, se ignora que la fiscalización que
>ahora se intenta imponer sobre ellas ya existe y se las quiere hacer
>pasar por un control gubernamental que, en el fondo, busca
>restringir y anular sus acciones, despojándolas, sobre todo, de
>libertad.
>
>No podemos tapar el sol con un dedo: con todas sus virtudes y
>defectos, estas organizaciones han cobrado un desempeño y
>protagonismo singular e importante en muchos ámbitos del país, ya
>sea para impulsar proyectos educativos, técnicos y de investigación
>y desarrollo; subsanar la ausencia y exclusión del Estado,
>principalmente en las zonas más pobres o allí donde la violencia del
>narcotráfico y del terrorismo aún genera estragos.
>
>Es más, ¿cómo olvidar la labor incansable en la defensa de la
>democracia del Instituto de Defensa Legal (IDL), Transparencia o del
>colectivo feminista durante los oscuros años de la dictadura
>fujimorista?
>
>Cuidado. Tengamos memoria y tomemos muy en cuenta estas premisas a
>la luz del poco meditado proyecto que el Legislativo acaba de
>aprobar, en una primera votación polarizada, para imponer
>verticalmente la inscripción obligatoria de las ONG en la Agencia
>Peruana de Cooperación Internacional (APCI), como condición sine qua
>non para su ejercicio privado.
>
>El proyecto, que introduce una serie de modificaciones a la Ley
>27692 que creó la APCI, también concede a esta entidad pública la
>facultad de "priorizar la ayuda internacional independientemente de
>la naturaleza jurídica de la fuente cooperante, en función de la
>política nacional de desarrollo y el interés público". ¿Esto
>significa que será el Gobierno quien decidirá qué proyectos se
>aprueban y qué proyectos se realizan?
>
>Sin duda, todos debemos rendir cuentas. Pero, en este caso, el
>control tiene que venir de una institución reguladora independiente
>y autónoma, y no de un brazo político del Gobierno de turno. Un
>organismo transparente, cuyos miembros provengan también de la
>sociedad civil, de una junta de notables, de los colegios
>profesionales.
>
>Lo que se necesita es orden, pero con transparencia y con garantías
>de que los controles no impondrán camisas de fuerza a nadie para
>neutralizar su labor , libertad e independencia.
>
>Tal vez se podrían mejorar los canales de fiscalización interna y
>externa que ya existen (de otra manera, ninguna ONG recibiría los
>fondos de la cooperación internacional que percibe). Lo que el
>Gobierno no puede hacer es funcionar al ritmo de la coyuntura o de
>intereses particulares que han puesto la mira en estas
>organizaciones.
>
>Lo que preocupa aquí es pues el telón de fondo, del fujimorismo
>principalmente, que con el apoyo del Apra, Unidad Nacional y UPP/PNP
>han aprobado una norma bajo consideraciones endebles, autoritarias y
>restrictivas. Si no veamos algunas perlas de la exposición de
>motivos de la Comisión de Relaciones Exteriores que preside el
>congresista fujimorista Rolando Sousa:
>
>Las ONG han ejecutado en el 2004 "más del 50% del monto total de la
>cooperación internacional", mientras que el Estado Peruano gestionó
>ese mismo año solo el 46%. ¿Tienen la culpa de eso las ONG? Es más,
>la comisión dice que de los 390 millones de dólares que ingresaron
>al Perú en el 2004, "solo se destinaron 13,7 millones a la educación
>() y apenas un millón para mejorar la salud materna". En cambio, la
>sostenibilidad del medio ambiente recibió 55,7 millones. ¿Y qué hace
>el Estado, responsable de garantizar la salud de la población? Ahora
>sabemos por qué las políticas de medio ambiente no avanzan.
>
>El Legislativo no puede ceder a este tipo de fundamentaciones, ni el
>Ejecutivo –que también envió sus aportes a la ley– pisar el palito
>de quienes buscan debilitar las entidades que han aportado al país,
>que fiscalizan al Estado y denuncian abusos contra los derechos
>humanos, la impunidad y la exclusión social. El presidente del
>Consejo de Ministros debería preguntarse quién está detrás de todo
>esto, quiénes son sus autores intelectuales y quiénes sus caras
>visibles.
>
>
>******************************************************************************
>
>Anti-ONGs: La ultraderecha al timón
>La Republica, 29 octubre 2006
>
>Mirko Lauer.
>
>El gobierno está a punto de abrirse un frente de tormenta que va más
>allá de las ONGs locales y llega hasta el sistema de la cooperación
>internacional. La idea de retirarles los consejeros a las
>comunidades que protestan por temas como medio ambiente o derechos
>humanos parece eficaz a primera vista. Pero les está abriendo la
>puerta a problemas mayores que la asesoría.
>
>Para una parte importante de los financiadores de fuera podría estar
>naciendo una nueva causa unificadora. En la cultura política del
>primer mundo ajustarles las clavijas a las ONGs invariablemente es
>el inicio de la mano dura contra las comunidades asesoradas. Sobre
>todo cuando estas busquen consejo estratégico en espacio menos
>institucionales que las ya bastante fiscalizadas ONGs.
>
>Es evidente que los ingenieros sociales de la iniciativa han
>confundido la protesta con la asesoría a la protesta (además, las
>ONGs que asesoran movimientos sociales son una porción ínfima), con
>lo cual pisan el palito que se han colocado ellos mismos. El
>siguiente paso tendrá que ser controlar las comunicaciones, locales
>y de exterior, de las comunidades con reclamos que hacer.
>
>Para la derecha más sincera este es el camino correcto. Es la
>represión que sus medios reclamaron cuando empezaron los problemas
>en Cajamarca, en agosto. Solo que ahora por otros medios, desde otro
>ángulo. Para el fujimorismo que identifica al mundo académico con el
>movimiento que lo desenmascaró y expulsó en el 2000, esta es una
>gran victoria. También para el PPC se trata de un gran avance
>táctico.
>
>En esta votación del Proyecto de Ley 27692 es la primera vez que
>aprismo, fujimorismo y pepecismo aparecen tan nítidamente unidos. En
>la medida que lleva la carga práctica de la mediación entre la gran
>empresa y sus descontentos en todo el territorio el gobierno aprista
>es quien tiene más que perder si el proyecto prospera. Sobre todo si
>nuevos grupos políticos ocupan los espacios de las ONGs.
>
>Las organizaciones políticas contestatarias ya están allí, con
>agendas propias perfectamente conocidas. A diferencia de la
>cooperación internacional, son iniciativas claramente instaladas en
>la informalidad. En lugar de cuidar el enorme capital humano local y
>de fuera que son las ONGs, el gobierno está colocando una
>innecesaria piedra en el zapato de sus ambiciosos proyectos de ayuda
>social.
>
>La prédica de la derecha puede producir un simulacro de tranquilidad
>política al gobierno, en cuanto acatarla evita mayores ataques desde
>los medios que ella controla. Pero aceptar esa asesoría equivale al
>antiecológico pacto del Dr. Fausto. Esperemos que el partido de los
>trabajadores manuales e intelectuales reconsidere esta iniciativa,
>que no podemos reconocer como suya por ningún lado.
>
>*****************************************************************
>
>Carlos Basombrio. Peru 21, 29 de octubre 2006
>cbasombrio@peru21.com
>
>¡Bien hecho por criticones!
>
>¿En qué gobierno considera usted que hubo más corrupción? Un
>contundente 54% dice que en el de Fujimori, un 23% en el primero de
>García y un 16% en el de Toledo. Da cierta tranquilidad saber que la
>campaña para equiparar los vestidos de Karp con los videos de
>Montesinos y los viajes de Toledo en el "parrandero" con la fuga de
>Fujimori al Japón no haya logrado sus objetivos.
>
>Este dato aparece en la Cuarta Encuesta Nacional sobre Corrupción en
>el Perú, encargada a Apoyo por el Consorcio para la Ética Pública,
>Proética. También: ¿cuál le parece el principal problema que
>enfrenta el Estado y que le impide lograr el desarrollo del país?
>49%, la corrupción de funcionarios y autoridades. ¿Cuáles son las
>instituciones en las que más confía para luchar contra la
>corrupción? La respuesta ganadora es tan previsible como desoladora:
>Ninguna, 39%.
>
>A la luz de esta encuesta cabe reiterar la preocupación por el
>desinterés de este gobierno en la lucha anticorrupción. En
>particular, por las reiteradas denuncias de que mantiene un pacto
>con el fujimorismo, que incluiría hacer lo menos posible para
>extraditar al dictador de Chile. Esta encuesta constituye un aporte
>muy importante de Proética y refuerza el llamado de atención al
>Gobierno sobre la necesidad de enmendar rumbos.
>
>A estas alturas debo confesar que Proética es una ONG. (Digo la mala
>palabra bajito, casi susurrando, ¡no los vayan a meter presos!). Sí,
>es una O-N-G, una de esas peligrosas instituciones a las que el
>Congreso ha puesto por fin en su sitio, con la nueva ley aprobada a
>iniciativa del congresista Souza. (¿Quién más indicado que el ex
>abogado de Fujimori para exigir moralidad y transparencia?).
>
>Ahora las ONG tienen que demostrar, ante un funcionario del gobierno
>al que fiscaliza, que hicieron debido uso de los fondos privados con
>los que trabajan. Insisto, fondos privados donados a una institución
>privada. (Si el argumento es que hacen cosas de interés público y
>por eso el Gobierno tiene derecho a controlarlas, pues lo mismo vale
>para los medios de comunicación.) De hecho, los registros para las
>ONG ya existen. Son obligatorios, además, para las que quieren
>trabajar con fondos que tengan cualquier relación con el Estado. Más
>aun, la gran mayoría de las que le sacan roncha a los fujimoristas
>por su independencia crítica ya están registradas en APCI.
>
>Con la nueva ley es obligatorio siempre. Entonces si el burócrata a
>cargo -0 más probablemente su jefe o el jefe de su jefe- le tiene
>hambre a una ONG, pues basta con pasar para abajo el expediente y
>hacerla larga con el registro. Si aún así se pone sabrosa, se le
>manda su inspector. (Ya a varias les están haciendo visitas y a
>muchas les han enviado cartas para que digan a quién contratan y
>cuánto pagan.) Si aún así persisten con sus majaderías, se les clava
>una multa de hasta 170,000 soles. Si con eso no les basta, pues se
>les quita su inscripción "por no cumplir con las obligaciones que la
>ley establece".
>
>Finalmente -para los incorregibles- está el inciso que impide a los
>directivos trabajar en cinco años en ninguna otra ONG. ¿Y quién
>decide si una ONG cumple o no cumple o qué sanciones aplicar? Pues
>APCI. ¿Y de quién depende el puesto de los directivos de APCI?
>
>¿Observará la ley García? ¡No lo haga! Perdería la oportunidad de
>alcanzar a países que ya tienen estas normas para tranquilidad de
>sus pueblos. Más bien, andamos un poco retrasados. Ya nos ganaron la
>mano Chávez y Putin, como se sabe gobernantes apasionados con la
>democracia y las libertades. Una idea: se les podría pedir
>"cooperación técnica" para el reglamento. (A través de APCI, por
>supuesto.) Es cierto que venir de Rusia sale caro y se necesita
>traductor. Pero de Venezuela sería más fácil y se vería como un
>gesto de hermandad bolivariana para recomponer las relaciones.
>
>***********************************************************************
>
>APCI-ONG: La suma de las vendettas
>Humberto Campodónico. La Republica, 29 octubre 2006
>
>El proyecto que modifica la ley de la APCI votada por los
>fujimoristas, el APRA y Unidad Nacional no tiene como objetivo
>modernizarla y hacerla más eficiente para promover el buen manejo,
>con otros organismos del Estado, de los fondos de la cooperación
>internacional que provienen, sobre todo, de EEUU y de países
>europeos, así como de préstamos de la banca multilateral.
>
>Esto se demuestra con el mal manejo de varios programas,
>principalmente AGORAH (en Ayacucho y Huancavelica) y Aprolab (para
>la formación profesional en zonas rurales de La Libertad, Cajamarca,
>Ica y Ayacucho), ambos con la Unión Europea. Lo mismo sucede con el
>préstamo del BID para la reforma del Estado y apoyo a la
>descentralización vía la capacitación de gobiernos locales: 2 años
>después, el CND apenas si ha gastado el 16% de los fondos.
>
>A pesar de que no puede ejecutar ni gestionar de manera eficiente la
>cooperación que llega al Estado, la Ley interviene los fondos de la
>cooperación internacional privada (ojo) que se otorga a las ONG. Su
>objetivo no es “fomentar la transparencia” de las ONG como dicen los
>fujimoristas (cosa que parecen haberse creído algunos ministros),
>sino estatizar los fondos de la cooperación privada y disciplinar a
>las ONG.
>
>El proyecto de Ley dice en el Art. 3 que “es responsabilidad de la
>APCI priorizar la ayuda internacional independientemente de la
>naturaleza jurídica de la fuente cooperante”. O sea que no solo se
>quiere controlar a la ONG en el Perú, sino también a la fuente
>externa. ¿Para qué? Para que dicha ayuda se otorgue “en función de
>la “política nacional de desarrollo” (Art. 3). Política que, todos
>sabemos, no existe.
>
>El Art. 3 continúa: “La ayuda se otorga en función del interés
>público”. ¿Quién lo determina? La APCI, o sea el gobierno. Por eso,
>en el Art. 5 se dice que “cada uno de los programas, proyectos o
>actividades que se ejecuten con recursos de cooperación
>internacional, deben inscribirse en el Registro de Proyectos de la
>APCI”. Si no cumplen con el “interés público”, entonces la APCI
>puede eliminarlos.
>
>Ese es el verdadero objetivo: sacar del camino a las ONG que
>“incomodan” a los grupos de poder económico y político. Por tanto,
>la ley tiene nombre propio: son las empresas mineras y petroleras,
>que desean explotar los recursos naturales allí donde les de la
>gana, sin respetar los derechos de las comunidades de la zona ni el
>medio ambiente, que son defendidos por ONGs. Allí tenemos Cerro
>Quilish, Combayo, Majaz, Tintaya, Las Bambas, Cerro Verde, el
>gasoducto de Camisea y el conflicto con los achuares.
>
>También están los acusados por violación de derechos humanos: Luis
>Giampietri, primer vicepresidente, a los que se suma el propio Alan
>García y Alberto Fujimori. Aquí se trata de silenciar a las ONG
>defensoras de los derechos humanos, comenzando por Aprodeh y la
>Coordinadora de Derechos Humanos.
>
>Está también Eduardo Palacios, vocal de la Corte Suprema, atrapado
>in fraganti recibiendo coimas. A la Corte Suprema y a buena parte
>del Poder Judicial les molesta que el Instituto de Defensa Legal y
>otras ONG les exijan transparencia, lo que comienza por el
>cumplimiento del informe de la CERIAJUS y acabar con la corrupción.
>
>El proyecto de ley es la suma de varias vendettas de estos grupos de
>poder contra las ONG. Para lograrlo, el APRA y Unidad Nacional (que
>defiende a los grupos de poder económico) no han vacilado en
>subirse, de segundones, al vagón del fujimorismo ladrón y corrupto.
>Por ello, las fuentes de cooperación internacional le han perdido la
>confianza, así como la opinión pública. Sorprende que el APRA haya
>decidido dilapidar, de forma tan tonta y rápida, el capital político
>que tanto le costó recuperar.
>
>****************************************************************************
>
>La Opinion del Director Peru .21 / 27 octubre 2006
>Augusto Alvarez Rodrich
>
>Se les vio el fustan
>Dándole forma jurídica y garras a la intolerancia.
>
>¿En qué se parecen los presidentes del Perú, Venezuela, Cuba y
>Rusia? En que Alan García, Hugo Chávez, Fidel Castro y Vladímir
>Putín andan persiguiendo a los organismos no gubernamentales (ONG)
>que le son incómodos.
>
>Esa es, al menos, la pésima impresión que ha dejado la aprobación
>-en primera votación en el Congreso- del proyecto que faculta al
>gobierno a ‘regular’ a las ONG a través de la APCI.
>
>La justificación aparente del dictamen por el que votaron las
>bancadas del Apra, del fujimorismo y de Unidad Nacional es buscar
>una transparencia de estas organizaciones, lo que no estaría mal.
>
>El problema es que dicha transparencia ya existe, principalmente a
>través de las entidades donantes. Lo que en verdad permitirá esta
>ley es darle al gobierno la capacidad de intervenir e interferir en
>las actividades de asociaciones libres formadas para promover
>objetivos que, en algunos casos, pueden ser contradictorios con las
>políticas que aplica el régimen de turno.
>
>Esta norma consagra la intolerancia, dándole forma jurídica y las
>garras legales al gobierno para ‘defenderse’ de organizaciones que
>puedan plantear objeciones en ámbitos como los derechos humanos, la
>corrupción, la transparencia en el sector público o el medio
>ambiente.
>
>Se trata de una ley que tiene todo el sabor fujimorista en el
>sentido de que se lanza con el camuflaje de un objetivo loable pero
>que, en realidad, tiene un fin deplorable. No por gusto partió de
>una iniciativa de la Comisión de Relaciones Exteriores que está
>presidida por el abogado -hasta hace poco en las cortes, hoy en el
>Congreso- de Alberto Fujimori.
>
>Es, además, la cereza en el pastel de toda una campaña orquestada
>desde el inicio del gobierno actual por una serie de políticos que
>le tiene ojeriza a las ONG por motivos diferentes, pero coincidentes
>con la voluntad de acallar voces que les puedan ser críticas.
>
>El presidente García y el Apra tienen la oportunidad el próximo
>jueves, cuando el dictamen se vote por segunda vez en el Congreso,
>de limpiarse de una decisión que ha permitido verles un peligroso
>fustán fujimorista.
>
>**************************************************************
>
>Jorge Bruce, Peru 21, 29 octubre 2006
>Pactar es pactar
>
>Uno de los recuerdos más estimulantes de mi infancia es el de unas
>reuniones en casa de mis abuelos, a las que acudía un grupo de
>personas extraordinario por la calidad de sus conversaciones, la
>intensidad de sus intercambios y un humor corrosivo que, con mucha
>frecuencia, desembocaba en alegres o feroces carcajadas. Los nombres
>de esas personas, a las que mi abuelo invitaba y a quienes a veces
>yo acompañaba a visitar, eran: Luis Alberto Sánchez, Andrés
>Townsend, Ramiro Prialé, Manuel Vásquez Días, Armando Villanueva y
>otros más que he olvidado.
>
>Quien más frecuentaba la casa era Sánchez, casi ciego y con unos
>lentes inmensos, acompañado de su esposa, Rosa. Los más memoriosos o
>mayores habrán reconocido a la plana mayor del Apra de entonces.
>Alguna vez, incluso, me di con un señor voluminoso que dormía la
>siesta en mi cama. Cuando le pregunté a mi abuela por qué estaba
>ahí, me respondió con un gesto que me callara y me susurró: "No
>hagas bulla, es Víctor Raúl". Un privilegio, me decían sus ojos.
>
>En casa de mis abuelos se decía "el Partido" con veneración
>religiosa. Cuando murió mi abuela, el consuelo más importante que
>recibió mi abuelo, en su desolación, fue el homenaje del Partido,
>con mayúscula. De modo que para mí, durante buena parte de mi
>infancia y adolescencia, el Apra era El Partido. Sus dirigentes eran
>a la vez unas personas admiradas y cercanas. No eran perfectos,
>claro está, pero encarnaban un ideal. Fui muy afortunado de poder
>participar en esos encuentros apasionados, en los que la política se
>vivía en carne propia.
>
>Pero las historias que más me impresionaban eran las de
>persecuciones y encierros: varios de ellos, incluido mi abuelo,
>fueron a la cárcel. Fueron perseguidos por gobiernos hostiles e
>intolerantes que intentaban silenciarlos encerrándolos,
>amenazándolos. Ellos lo consideraban un honor y lo contaban con
>orgullo. Yo pedía que me repitieran esas historias, incansablemente,
>como hacen los niños. Esa actitud de estar dispuesto a sufrir por
>una idea, unos compañeros, un partido, un país, fue una enseñanza
>que me marcó a fuego. Aquello en lo que uno creía era más valioso
>que aquello que uno tenía.
>
>Por eso, cuando veo en lo que se ha convertido el Apra que hoy se
>encuentra en el poder, a pesar de que este proceso ya tiene años,
>sigo sintiendo un gran desconcierto y una invencible nostalgia.
>¿Cuándo se jodió el Apra? ¿Cuándo pasaron de perseguidos a
>perseguidores? ¿Cómo es posible que una de sus primeras leyes
>importantes sea someter a las ONG críticas? ¿Por qué no se
>solidarizan con las víctimas de la violencia política, que son los
>más pobres y desprotegidos del Perú? ¿Es cierto que piensan
>restablecer la pena de muerte? Las respuestas son obvias y la verdad
>inocultable.
>
>Los partidos políticos envejecen y, si no se renuevan o refundan,
>manteniéndose fieles a sus principios, mueren. Si no son capaces de
>engendrar dirigentes que estén a la altura de su historia, mueren.
>Si traicionan su esencia y se acostumbran a mentir y tergiversar con
>tal de conservar el poder, mueren. Si se corrompen y delinquen,
>justificándose y racionalizando, mueren. Si se alían con lo más
>siniestro del espectro político, entonces debemos parafrasear a
>Ramiro Prialé.
>
>Prialé era un político agudísimo, al que todos respetaban. Fue el
>autor de la célebre frase "conversar no es pactar", una especie de
>condensado de realpolitik. Tenía razón, por supuesto. No obstante,
>si viera lo que está ocurriendo estos días en el Congreso, donde los
>representantes apristas se confabulan con los fujimoristas para
>promulgar leyes destinadas a sojuzgar a la única oposición real, es
>decir la sociedad civil, intuyo que estaría de acuerdo en admitir
>que pactar es pactar. Y probablemente sentiría vergüenza.
>
>*****************************************************************************
>
>Santiago Pedraglio, Peru 21, 29 octubre 2006
>spedraglio@peri21.xom
>
>La tentación del autoritarismo
>
>La decisión mayoritaria del Congreso de sujetar a las organizaciones
>no gubernamentales (ONG) a las prioridades que el Gobierno implante
>y al concepto de ‘interés público’ que este defina es una
>intromisión en acuerdos que se pactan entre privados.
>
>Esta es la primera manifestación de que el Gobierno no quiere
>oposición. De hecho, Alan García navega ya sin oposición política y
>solo tiene que enfrentar las protestas sociales. Pero quiere más:
>acabar con incómodas organizaciones no gubernamentales cuya labor
>considera peliaguda, bajo amenaza de sanción.
>
>Las áreas de trabajo de las ONG que más preocupan a los aliados
>políticos hoy unidos en su afán persecutorio -Apra, fujimoristas y
>un sector de Unidad Nacional-, son el medio ambiente y los derechos
>humanos. Para el gobierno aprista lo es más, seguramente, el medio
>ambiente. Quiere hacer un guiño a los capitales mineros, desde hace
>tiempo fastidiados porque al lado de las movilizaciones ciudadanas
>ligadas al cuidado del medio ambiente muchas veces hay un cura y una
>organización no gubernamental. Para los fujimoristas, en cambio, el
>cuco son las ONG que trabajan por la defensa de los derechos
>humanos. Su afán de silenciarlas es por demás evidente, en
>particular espoleados por la situación de su jefe político, acusado
>por delitos de lesa humanidad. Lo que se ha producido en el Congreso
>es, pues, una conjunción de intereses articulada por una voluntad
>autoritaria.
>
>Las organizaciones no gubernamentales obedecen a todos los controles
>dispuestos por la ley y por sus respectivos convenios privados con
>las agencias cooperantes, pues es elemental que deben obligarse a
>evitar el uso indebido de los fondos, entre otros compromisos
>naturales. Este control lo ejecutan organismos públicos como el
>Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Trabajo, la Sunat y la
>Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI); además, están
>sometidas a auditorías dispuestas por las instituciones donantes.
>
>La transparencia en el uso de los fondos debe ser, sin duda, un
>principio a respetar por todas las ONG. Por otro lado, sería tan
>necio afirmar que todas las ONG son buenas, como que todas las
>grandes inversiones son malas. Pero algo más: ¿por qué para el
>Gobierno los recursos provenientes de la cooperación internacional
>son peligrosos y fuente de desconfianza, mientras que los recursos
>extranjeros para la inversión son beneficiosos y, por lo tanto,
>bienvenidos? La esquizofrenia es preocupante, más aun sabiendo que
>de los 500 millones de dólares anuales por concepto de cooperación
>internacional el 80% va a instituciones y programas estatales. Y
>aquí un paréntesis histórico: el crecimiento explosivo del número de
>ONG se produjo en pleno gobierno de Alberto Fujimori, cuando este
>alentó la tercerización de los programas sociales de alivio a la
>pobreza.
>
>Pero el problema de fondo -al margen de opiniones y datos puntuales-
>es que la medida aprobada en el Congreso, con votos apristas y de
>fujimoristas, atenta contra los derechos civiles, contra la libertad
>de asociación y de contratación, y contra la libertad de actuación y
>opinión que, de acuerdo con la ley, tienen las personas y las
>instituciones de la sociedad civil. Asunto alarmante: si ahora el
>Gobierno actúa así, ¿cómo lo hará el día que deba enfrentar
>situaciones de crisis?
>
>******************************************************************************
>
>Fernando Rospiglioso, Peru21, 29 0ctubre 2006
>frospiglioso@peru21.com
>
>Zigzagueando
>
>El Gobierno sigue una trayectoria zigzagueante. Por un lado, mejora
>las relaciones con Chile, pero, por otro, ataca a las organizaciones
>no gubernamentales.
>
>Esta semana ha mostrado un gobierno contradictorio, adoptando
>políticas adecuadas y maduras, de un lado, y torpes y retrógradas,
>de otro.
>
>La mejora de relaciones con Chile está entre las cosas positivas que
>viene haciendo el Gobierno, corrigiendo los errores de la anterior
>administración. El viaje de los ministros de Relaciones Exteriores y
>Defensa, para reanudar las reuniones del 2+2 abandonadas por el
>gobierno de Alejandro Toledo, muestra la voluntad política de seguir
>mejorando las relaciones con el vecino del sur.
>
>El viaje simultáneo de otros cinco ministros a Santiago indica que
>los lazos que se quieren fortalecer no son solo diplomáticos y
>militares. El gobierno ha captado la importancia de abrir el abanico
>de las relaciones, sin limitarlas a un par de temas.
>
>Sin renunciar a la posición peruana sobre los límites marítimos, el
>canciller José García Belaunde no lo usó como un pretexto para
>obstaculizar la discusión de temas constructivos.
>
>Este acercamiento a Chile es necesario no solo porque conviene a los
>intereses peruanos acercarse a un vecino próspero y en desarrollo,
>en lugar de propiciar un enfrentamiento estéril y perjudicial, sino
>porque en el choque con Hugo Chávez y el deterioro de las relaciones
>con Evo Morales, Alan García requiere de aliados en la región.
>
>SEMBRANDO. La rápida reacción del presidente García al reconocer a
>un hijo fuera del matrimonio ha sido comparada de inmediato con el
>largo y desgastante proceso que siguió Toledo para reconocer a su
>hija Zaraí. Sin duda, García ha querido marcar también en este tema
>una diferencia.
>
>Aunque se trata de temas privados, de hecho tienen trascendencia
>política, como lo comprobó Toledo, que cambió de actitud solo cuando
>vio que ese asunto lo estaba trayendo abajo en las encuestas.
>
>Sin embargo, aunque García actuó velozmente, lo hizo también
>presionado por los medios de comunicación. Primero fue César
>Hildebrandt, quien el viernes 20 puso en blanco y negro los datos
>básicos de la madre y del niño. Hasta el domingo la repercusión fue
>solo en medios escritos, que en el Perú leen pocos. Pero el domingo
>22 Jaime Bayly lo puso en la TV ante millones de personas.
>
>Al día siguiente García admitió la veracidad de esa versión. De esa
>manera trató de liquidar el tema y evitar que se convirtiera en un
>problema político. De hecho, logró su objetivo, por lo menos en el
>corto plazo. No obstante, algunas precisiones innecesarias que hizo
>en el discurso le podrían traer complicaciones en el futuro.
>
>CONFLICTOS DISTINTOS. La solución de la toma de las instalaciones de
>Pluspetrol, en Loreto, fue también un punto a favor del Gobierno y
>en especial del premier Jorge del Castillo. A diferencia de otros
>conflictos sociales, como los de Combayo (Cajamarca) y Sion (San
>Martín), en este caso el Gobierno hizo bien en actuar con prudencia
>y paciencia.
>
>Con los achuares, se trata de nativos realmente perjudicados por una
>contaminación de décadas (a diferencia de los cocaleros ilegales de
>Sion que son causantes de la contaminación, al verter a los ríos los
>productos químicos que usan para fabricar pasta básica de cocaína).
>
>La intervención de la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, a
>solicitud de Del Castillo, fue muy importante en la solución
>pacífica del problema. Y reveló que las grietas en el Gobierno se
>siguen ensanchando. Los desaforados ataques de Mauricio Mulder a
>Merino muestran que hay no sólo peleas personales por cuotas de
>poder, sino también políticas distintas en juego.
>
>En otro caso, el Gobierno ha vuelto a recaer en la debilidad
>mostrada en meses pasados. El bloqueo de carreteras en Hualgayoc,
>que han motivado la paralización de las obras de la minera Gold
>Fields, no tiene justificación alguna. En este caso, el Gobierno
>sigue yendo a contracorriente de su anunciado propósito de conseguir
>diez mil millones de dólares de inversiones en el sector en los
>próximos cinco años. A este paso, no obtendrá ni una fracción de esa
>suma.
>
>ALIANZA CON FUJIMORISMO. Hizo bien el premier Del Castillo en
>sostener el nombramiento de Sofía Macher al frente de la Comisión de
>Reparaciones, en la Presidencia del Consejo de Ministros. En este
>caso tuvo que soportar los ataques del fujimorismo, de aquellos
>comprometidos con las violaciones de los derechos humanos, de un
>importante sector del Gobierno y de todos los retrógrados del Perú.
>
>Sin embargo, en el ataque a las organizaciones no gubernamentales
>(ONGs), pareciera que todos en el Gobierno han coincidido. En este
>caso se trata de una inaceptable intervención gubernamental en la
>esfera privada, en instituciones de la sociedad civil que, como su
>nombre lo indica, se definen precisamente por no estar sometidas al
>control del Estado.
>
>El pedir transparencia en el uso de fondos de las ONG es solo un
>pretexto ridículo. Las ONG tienen que rendir cuentas a quienes les
>donan los fondos, no al Estado. El pretender que el Gobierno
>determine el uso de los recursos de la ONG es otro despropósito. El
>Gobierno puede y debe priorizar los recursos del presupuesto
>público, pero no puede determinar en qué invierte su dinero la
>cooperación internacional.
>
>El que los integrantes de las ONG se enriquecen con el dinero de las
>donaciones es otra necedad que no resiste el menor análisis. Por
>último, como en todo, hay ONG buenas, regulares y malas, algunas
>respetadas y otras desprestigiadas.
>
>Pero la intención controlista, autoritaria y corrupta detrás de la
>campaña y de la ley aprobada en el Congreso es muy clara. A los que
>quieren controlar y suprimir ONG no les interesa que haya
>instituciones que defienden los derechos humanos, como IDL o
>Aprodeh; que vigilan los procesos electorales, como Transparencia;
>que cuidan la moral pública, como Proética; que defienden los
>derechos de las mujeres, como Flora Tristán y Manuela Ramos, y otras
>muchas.
>
>El jefe de la APCI, Agustín Haya de la Torre, ha apoyado el proyecto
>de ley. Él había sido miembro del Foro Democrático, ONG que jugó un
>papel importante en la lucha contra el gobierno de Vladimiro
>Montesinos y Alberto Fujimori. El Foro recibió financiación, entre
>otros, del Instituto Republicano, vinculado a ese partido político
>norteamericano. ¡Y ahora hay gente en el Gobierno que se horroriza
>hipócritamente por la injerencia "política" en las ONG!
>
>En suma, el Gobierno sigue en una trayectoria zigzagueante que puede
>socavarle credibilidad en algunos sectores claves, que luego se
>expresarán en críticas sostenidas y pérdida de popularidad.
>
>
>****************************************************************************
>
>Nelson Manrique / Peru.21
>
>Amores perros
>
>La línea del gobierno de Alan García empieza a preocupar hasta a sus
>más bien intencionados defensores. Ha provocado alarma la aprobación
>en el Parlamento, en una primera votación, de un proyecto de ley que
>pretende dar al gobierno la potestad de controlar a las
>organizaciones no gubernamentales (ONG) sacándose de encima la
>fiscalización de organizaciones de la sociedad civil en temas
>sensibles, como la defensa del medio ambiente y los derechos
>humanos. "En esta votación del Proyecto de Ley 27692 -dice Mirko
>Lauer, a quien nadie podría acusar de antiaprista- es la primera vez
>que aprismo, fujimorismo y pepecismo aparecen tan nítidamente
>unidos".
>
>La alianza del Apra con la derecha se basa en el interés común de
>impedir que se fiscalice a las empresas mineras, cuando varias de
>ellas enfrentan un creciente descontento por la forma como depredan
>el medio ambiente.
>
>La alianza entre el Apra y el fujimorismo busca garantizar la
>impunidad en los temas de corrupción y de violación de los derechos
>humanos y no ha empezado con la ley anti-ONG. Ella fue consagrada,
>en las elecciones, con la incorporación del contralmirante Luis
>Giampietri, del partido de Álex Kouri, a la candidatura aprista para
>la vicepresidencia de la República. Una vez en el poder la alianza
>se ratificó con el apoyo del Apra a la elección de María Luisa
>Cuculiza, para la Mesa Directiva del Congreso, y a la de Rolando
>Souza -nada menos que el abogado defensor de Alberto Fujimori- para
>la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, que debe
>supervisar el proceso de extradición de aquel a quien Souza ha
>defendido contra el Estado peruano. A esto hay que añadir la
>reactivación de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Chile, cuya
>presidencia se encargó adivinen a quién: Keiko Fujimori, la hija del
>reo sobre cuya extradición debe pronunciarse la justicia chilena.
>
>Debe sumarse a esta ya algo larga relación de públicas declaraciones
>de amor del Apra hacia el fujimorismo el desmantelamiento de la
>procuraduría encargada de la extradición de Fujimori, y su encargo a
>un jurista que ha tenido la sinceridad de confesar que conoce sobre
>el caso solo lo que publica la prensa. Como era de esperarse, el
>Gobierno ha dejado de dirigirse a los gobiernos amigos para
>solicitar su apoyo para lograr la extradición del acusado, y de
>pronunciarse en cualquier instancia sobre el tema, "para no
>politizar el caso", argumento que aparentemente no vale cuando los
>voceros gubernamentales se despachan contra Alejando Toledo.
>
>La ley anti-ONG no es, pues, un desconcertante exabrupto. Puede
>adivinarse que será seguida por una nueva ofensiva del Apra, la
>derecha y los fujimoristas, contra la sala penal antiterrorista que
>preside Pablo Talavera, que debe enjuiciar a los militares acusados
>de violaciones de los derechos humanos durante los gobiernos de Alan
>García y Fujimori.
>
>Este no es un romance de ocasión. Al contrario, es sólido, porque se
>basa en poderosos intereses compartidos.
>
>*****************************************************************************
>
Bio Compartiendo Peru 